El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Luis Roberto Barroso, determinó el 18 de octubre que los municipios y las empresas de autobuses puedan ofrecer transporte público gratuito en la segunda vuelta electoral que se celebrará el 30 de octubre.

Por decisión del magistrado, los alcaldes que adopten la medida no podrán ser acusados de falta administrativa ni de delito electoral.

"Teniendo en cuenta la extrema desigualdad social del país, el contexto de empobrecimiento de la población y la obligatoriedad del voto en Brasil, se justifica que los poderes públicos asuman los costos de transporte derivados del ejercicio de este derecho-deber", dijo Barroso en la resolución.

La decisión fue tomada a partir de una demanda presentada por el partido Red Sustentabilidad.

En la primera vuelta, Barroso también determinó que el transporte público se mantuviera en niveles normales y que los municipios que habían ofrecido la gratuidad en las elecciones anteriores mantuvieran la medida.

Para pedir la gratuidad universal, la Red argumentó que el voto es obligatorio en Brasil, pero que muchos votantes no pueden permitirse pagar la tarifa del autobús hasta el colegio electoral, que en muchos casos es más caro que la multa por inasistencia (3,51 reales, unos 66 centavos de dólar).

La medida también pretende evitar una elevada abstención en el día de la votación.

En la primera vuelta realizada el 2 de octubre, la abstención alcanzó al 20,95 por ciento de los electores aptos para votar.