Fuente: AFP
El Senado de Brasil instaló el martes día 17 de abril una comisión para analizar la actuación del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro ante la pandemia.
El mandatario ha desafiado continuamente las recomendaciones para controlar la propagación del coronavirus, invocando el impacto económico negativo, en medio de un agravamiento de las muertes y contagios en el país.
Su actitud le valió ser acusado de "genocida" por algunos de sus principales adversarios, entre ellos el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) analizará si hubo negligencia o actos de corrupción en el manejo de la pandemia, incluido en la crisis de suministro de oxígeno que en enero provocó la muerte por asfixia de decenas de personas en el estado de Amazonas.
Bolsonaro también rechazó el uso de cubrebocas, cuestionó la eficacia de la vacunas y recomendó el uso de la hidroxicloroquina, cuya eficacia contra la COVID-19 no ha sido probada científicamente.
Científicos y políticos atribuyen a sus posturas el retraso en la vacunación y las dificultades para conseguir inmunizantes en el país de 212 millones de habitantes, con un balance que se acerca a los 400.000 muertos.
La comisión parlamentaria está integrada por 11 miembros y puede desembocar en un proceso de destitución para el mandatario, pero también puede terminar sin ninguna afectación.
Las conclusiones también pueden llevar a la Fiscalía a pedir investigaciones sobre miembros del gobierno.
Según expertos la explosiva investigación podría impactar en la intención de reelección de Bolsonaro en 2022 aunque el mandatario afirma que no ha cometido ningún error y que no tiene una bola de cristal.
Científicos y políticos atribuyen a sus posturas el retraso en la vacunación y las dificultades para conseguir inmunizantes en el país de 212 millones de habitantes, con un balance que se acerca a los 400.000 muertos.
