Una investigación reciente del Washington Post ha revelado que la verdad y la devastación de la masacre racial de Tulsa de 1921 fueron encubiertas intencionalmente bajo la complicidad de los gobiernos locales y los medios de comunicación.

En 1921, Greenwood, un distrito en la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma, era una de las comunidades afroamericanas más ricas del país que se convirtió en cenizas tras la masacre.

Los hechos se desencadenaron después de que Dick Rowland, un afroamericano de 19 años, fuera acusado de agredir a una ascensorista blanca, Sarah Page, en el centro de Tulsa. El cargo contra Rowland finalmente se convirtió en un enfrentamiento entre las turbas blancas locales y los residentes negros, según un informe publicado por el Washington Post a finales de mayo.

"Lo que siguió fue una desbandada que, según los historiadores, dejó hasta 300 muertos y 10.000 personas sin hogar", dice el informe.

Sin embargo, nadie fue responsabilizado por las víctimas y la destrucción de propiedades, y las reclamaciones de seguros presentadas por propietarios y empresas fueron rechazadas, lo que reflejó en parte que el racismo arraigado en la institucionalidad estadounidense es la principal causa de la tragedia.

Nadie fue responsabilizado por las víctimas y la destrucción de propiedades.

"El departamento de policía de la ciudad y la oficina del comisario del condado delegaron y armaron a los blancos de Tulsa para asesinar, saquear y quemar las casi 40 cuadras de la ciudad del distrito de Greenwood", según una demanda de reparación presentada el año pasado por tres sobrevivientes contra la ciudad, el condado de Tulsa, el estado de Oklahoma y la Cámara de Comercio de Tulsa, informó el Washington Post.

La demanda argumenta que "la Guardia Nacional del estado participó junto a la turba blanca para matar, saquear y destruir la propiedad de los residentes negros de Greenwood. La ciudad, el comisario, la cámara y el condado apuntaron a los líderes comunitarios negros y las víctimas de la masacre para enjuiciarlos como instigadores de la masacre, a pesar de saber quiénes eran los verdaderos responsables ", dice la demanda.

Los esfuerzos de las víctimas ya han fracasado. En 2015, la Corte Suprema desestimó sin comentarios una demanda anterior, mientras que los tribunales inferiores dictaminaron que un plazo de prescripción de dos años para las reclamaciones había expirado en 1923.

Mientras tanto, la cobertura de los medios también se mostró reticente sobre lo que había sucedido en Tulsa. "Durante décadas después de la masacre, hubo silencio sobre lo que sucedió. Pocos en Tulsa lo hablaron en la escuela, en la iglesia o en las cenas familiares", sostiene el Washington Post.

"Lentamente, aquellos que habían presenciado la violencia murieron, llevándose sus recuerdos con ellos", agrega el informe.