Fuente: Agencia Xinhua
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de firmar la Ley de CHIPS y de Ciencia de 2022, en un intento de reactivar los sectores de la ciencia y la tecnología del país, ofreciendo incentivos a los fabricantes de chips y obligándoles a tomar partido. La ley, de mil páginas, no es más que un documento proteccionista. Ha incluido términos que limitan la inversión y el comercio normales de las empresas relevantes en China y restringen la cooperación científico-tecnológica entre China y Estados Unidos.
Para lograr ese objetivo hegemónico, a Washington no le importa, al parecer, poner en peligro la tambaleante globalización, ni poner en peligro las cadenas industriales y de suministro de semiconductores a nivel mundial, lo que revela la falta de escrúpulos de la hegemonía en declive cuando intenta salvar su menguante estatus. Sin embargo, al ser contraria a las leyes del mercado y a las normas del comercio internacional, la coacción económica, apenas disimulada, difícilmente puede lograr crear un auge en la industria estadounidense de fabricación de chips.
A corto plazo, las enormes subvenciones prometidas por Washington, que siempre ha acusado a los demás de subvencionar sus industrias para obtener ventajas injustas, pueden ayudar a los fabricantes de chips nacionales de Estados Unidos a recuperar su posición. Pero, a largo plazo, la ley no aborda la causa fundamental de la salida de los fabricantes de chips del país en las últimas décadas.
El quid de su problema es el elevado coste de producción. La Asociación de la Industria de Semiconductores, una asociación comercial con sede en Washington que representa a las industrias de semiconductores y microchips en Estados Unidos, reveló que el coste total a diez años de la propiedad de un nuevo laboratorio en Estados Unidos es entre un 30% y un 50% más alto que en las economías del este de Asia.
Para los fabricantes de chips, las condiciones impuestas a la financiación de Washington son perjudiciales. Según los medios de comunicación estadounidenses, los fabricantes de chips que reciban la subvención serán prohibidos participar en "transacciones significativas en China u otros países de interés" que impliquen cualquier capacidad de fabricación de semiconductores de vanguardia durante un período de 10 años.
Con estas condiciones dirigidas principalmente a China, Washington está obligando a los fabricantes de chips a tomar una decisión. El claro intento de reestructurar obligatoriamente el panorama mundial de producción de chips no hará más que dividir la cadena industrial de chips del mundo. Para una industria que depende de una coordinación global altamente eficiente, las consecuencias de una cadena industrial paralizada son desastrosas. Y los fabricantes de chips de Estados Unidos se llevarán, sin duda, la peor parte.
Si Washington persiguiera un desacoplamiento tecnológico duro y prohibiera por completo a las empresas nacionales de semiconductores vender a clientes chinos, las empresas estadounidenses perderían el 18 por ciento de su cuota de mercado mundial y el 37 por ciento de sus ingresos, lo que supondría la pérdida de entre 15 mil y 40 mil puestos de trabajo nacionales altamente cualificados, según un artículo reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que cita un informe del Grupo de Consultas de Boston. Sin embargo, para perseguir sus propios intereses, Washington ha hecho caso omiso de todos los peligros que la ley de chips puede acarrear al mundo, incluido el de perjudicar los intereses de los productores y clientes de chips dentro de sus propias fronteras.