Venezuela rechazó de forma contundente la decisión de las autoridades judiciales de Estados Unidos de vender las acciones de Citgo, empresa filial de la estatal petrolera venezolana PDVSA. La decisión fue catalogada por Caracas como arbitraria, nula y contradictoria con los procesos de diálogo abiertos entre ambas naciones.

El juez federal del distrito de Delaware, Leonard Stark, dictó una sentencia que establece un cronograma para la venta y subasta de la petrolera Citgo, perteneciente al Estado venezolano. Es una decisión que Caracas considera que apunta al saqueo y el despojo de sus activos. 

A su vez, acusaron al juez de haber actuado de forma parcial y política, demostrando las contradicciones entre los demócratas y los republicanos de EE. UU. y el lamentable deterioro del sistema político del país. Frente a los intentos de la administración Biden de obtener nuevos recursos petroleros para atemperar las consecuencias de la crisis energética internacional, se ha impuesto la agenda de las grandes petroleras estadounidenses cercanas al expresidente Donald Trump.

Esta decisión busca favorecer los intereses de empresas petroleras con vínculos políticos en EE. UU. para quienes Citgo era competencia directa. Se enfatizó que, en el corto plazo, lograrán obtener el control de importantes activos y maquinaria, pero a largo plazo supone un precedente peligroso para los inversores extranjeros y para la seguridad energética del propio Estados Unidos.

La ambigüedad de las políticas de Estados Unidos hacia Venezuela representa la continuación de una política agresora e imperialista contra el país caribeño. Pero también demuestra la incapacidad de Washington de respetar el derecho internacional y los acuerdos alcanzados por sus propios funcionarios, no solo perjudicando la relación bilateral sino exponiendo al mundo las fallas y contradicciones de su sistema político.