El Gobierno de Perú declaró el 14 de diciembre el estado de emergencia en todo el país para controlar las manifestaciones violentas que se registran en varias regiones, según informó el ministro de Defensa peruano, Alberto Otárola.

Tras una reunión del Consejo de Ministros, el titular de la cartera peruana de Defensa, Alberto Otárola, detalló que el estado de emergencia significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personal. Otárola defendió que las acciones vandálicas, que han dejado hasta el momento siete fallecidos en el sur del país, “requieren una respuesta contundente y de autoridad por parte del Gobierno”. 

Asimismo, sostuvo que los derechos fundamentales consagrados en la Constitución "van a ser protegidos por el Gobierno" para que la ciudadanía "pueda tener la seguridad y la certeza" de que primero se controlará "el orden interno", y luego se asegurará el libre tránsito y la paz "para todos los peruanos".

La decisión gubernamental surge en respuesta a las violentas protestas y disturbios que dejan al menos siete manifestantes muertos en las regiones sureñas de Apurímac y Arequipa, así como más de 100 policías heridos en todo el país. La Administración peruana declaró en emergencia el martes la Red Nacional Vial, con la finalidad de garantizar el libre tránsito de la ciudadanía. En ese marco, dispuso que las Fuerzas Armadas protejan puntos estratégicos nacionales, entre ellos aeropuertos, centrales hidroeléctricas y todas aquellas infraestructuras que, por su valor estratégico, "sirven para asegurar la vida y subsistencia de todos los peruanos".

Los ciudadanos, en su mayoría seguidores de Castillo, exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones y la liberación del exmandatario, quien considera que la continuidad de su detención es un "atropello".

La detención preliminar de Castillo por siete días se cumple este miércoles, pero la Fiscalía ha pedido al Poder Judicial que declare 18 meses de prisión preventiva en su contra, una solicitud que la Justicia resolverá en audiencia el 15 de diciembre.