Los niños son la esperanza y el futuro del mundo. Pero un informe conjunto publicado por la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a principios de marzo muestra que la pobreza infantil sigue siendo un grave problema, y pide a los países que refuercen la protección de los niños. Estados Unidos, autoproclamado faro de los derechos humanos, debe atender especialmente este llamamiento.
"Podría pensarse que el trabajo infantil desapareció a principios del siglo pasado, pero veo que ocurre cada vez más. Hay indicios de que miles, si no más, de niños lo padecen". Así se expresaba recientemente la reportera del New York Times, Hannah Dreyer, tras investigar el problema del trabajo infantil en Estados Unidos. Es una realidad alarmante: la única superpotencia mundial se hunde cada vez más en el problema del trabajo infantil. Según el Departamento de Trabajo estadounidense, más de 3.800 niños fueron empleados ilegalmente por 835 empresas en Estados Unidos en el año fiscal 2022, lo que supone un aumento de más de 1.000 con respecto al año anterior. Según datos facilitados por la organización estadounidense sin ánimo de lucro Farm Worker Employment Project Federation, entre 500.000 y 800.000 niños siguen trabajando en explotaciones agrícolas en Estados Unidos.
Además, los peligros del trabajo infantil en Estados Unidos son aún más asombrosos. El New York Times reveló que se encuentran niños trabajadores inmigrantes en industrias peligrosas en docenas de estados de Estados Unidos, desde plantas de procesamiento de carne a obras de construcción o mataderos. Las investigaciones han descubierto que estos niños trabajan durante la noche y en duras condiciones. Algunos han perdido las piernas en plantas de procesamiento de pollos, mientras que otros se han caído de tejados y han sufrido fracturas que les han dejado discapacidades permanentes.
Sin embargo, el gobierno estadounidense ha hecho la vista gorda ante esta desgracia. El año pasado, Estados Unidos se negó a prorrogar la desgravación fiscal por hijos prevista en la ley de rescate durante la pandemia de Covid-19 alegando que sería demasiado costosa. El coste se estimó en 100.000 millones de dólares anuales, cantidad mucho menos que lo que Estados Unidos gasta en Ucrania en un año. Tras la expiración de la ley de rescate, el número de niños en situación de pobreza en Estados Unidos aumentó en más de 3 millones en seis meses. Parece que el gobierno estadounidense no hace las cuentas del sustento de la gente, sino sólo las cuentas de la hegemonía.
La difícil situación de los niños trabajadores es sólo una mínima muestra de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los niños en Estados Unidos. Desde la creación de internados en el siglo XIX, que obligaron a cientos de miles de niños indígenas a alejarse de sus padres y hogares, hasta la separación forzosa de niños inmigrantes de sus padres en los últimos años, pasando por la incapacidad para combatir la pandemia que ha dejado a más de 200.000 niños como nuevos huérfanos, Estados Unidos tiene un largo historial de violaciones de los derechos de la infancia. En la actualidad, Estados Unidos es el único miembro de la ONU que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Organización Internacional del Trabajo lo ha señalado en repetidas ocasiones como el mayor violador de los derechos humanos por sus graves problemas de trabajo infantil.
En su libro Our Children: The American Dream in Crisis, Robert Paternan, ex decano de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, revela la sombra de la desigualdad a la que se enfrentan algunos niños estadounidenses para confirmar la crisis del sueño americano. Cuando los niños ya no vislumbran el sueño americano, ¿cómo puede presumir el gobierno estadounidense de ser un faro de los derechos humanos?