La vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez rechazó las pretensiones de Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de apropiarse de manera ilegal de la empresa Venezolana CITGO Petroleum.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez, en rueda de prensa en el palacio de Miraflores, condenó la licencia 42 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que autoriza a la Asamblea Nacional del 2015 para negociar y llegar a acuerdos sobre las deudas de Petróleos de Venezuela, S.A.(PDVSA) y otros activos venezolanos. La vicepresidenta calificó estas acciones como violatorias al derecho internacional y a las leyes venezolanas.
La vicepresidenta indicó que la corte de Estados Unidos pretende tener validación en territorio Venezolano, que pretende tener validación en territorio Venezolano, que pretende tener validación extraterritorial sobre activos del pueblo Venezolano. La licencia 42 de la OFAC se pierde de vista, se pierde de vista en el contenido violatorio de las leyes de Venezuela, del derecho internacional público, del derecho internacional privado.
La vicepresidenta de Venzuela calificó estas acciones como violatorias al derecho internacional y a las leyes venezolanas.
Rodríguez, agregó que estas acciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros son una traición y una burla a los diálogos en México entre el Gobierno y la oposición donde se acordó un pacto social entre las partes en disputa.
La vicepresidenta subrayó que hubo un acuerdo social en México y que el Gobierno de los Estados Unidos obstaculizó ese acuerdo social y ha impedido que los recursos financieros del pueblo Venezolano se pongan a la orden de la salud, de la educación, de los servicios públicos.
Con estás acciones, se evidencia el doble estándar de Estados Unidos en Latinoamérica y la política desestabilizadora e imperial que pretende imponer en países ricos en petróleo, apoderándose de sus recursos, violando el derecho internacional y la soberanía de las naciones.