Una organización de ciudadanos japoneses ha presentado ante la fiscalía del distrito de Tokio una denuncia contra el primer ministro del país, Fumio Kishida, y el presidente de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO), Tomoaki Kobayakawa, por el vertido al mar del agua contaminada procedente de la central nuclear de Fukushima Daiichi, según informó Kyodo News.

La denuncia afirma que, aunque el agua contaminada con material nuclear fue tratada mediante el Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos (ALPS), aún persisten sustancias radiactivas remanentes distintas del tritio que se consideran inamovibles. Esta denuncia por negligencia grave vuelve a poner de relieve la conducta irresponsable de Japón y la necesidad de proteger la salud de los consumidores de los productos de esta región.

Recientemente, los expertos han descubierto nuevas inconsistencias entre los hechos y las garantías que había presentado TEPCO. Según Ken Buesseler, oceanógrafo de la institución oceanográfica Woods Hole, las garantías "no están respaldadas por la cantidad y calidad de los datos". El agua que se verterá durante décadas tiene "implicaciones reales para la vida oceánica y la vida humana", agregó Robert Richmond, biólogo marino de la Universidad de Hawai, Manoa.

En 2021, los expertos en derechos humanos de la ONU condenaron la decisión y advirtieron que podría afectar a millones de personas en toda la región del Pacífico. Describiéndola como "muy preocupante", advirtieron que la liberación de "agua contaminada en el medio marino impone riesgos considerables para el pleno disfrute de los derechos humanos de las poblaciones afectadas dentro y fuera de las fronteras de Japón."

También persisten las dudas sobre la transparencia del proceso de vertido de agua, y los expertos han manifestado sus reservas respecto a la transparencia de los datos proporcionados por Japón. Las islas del Pacífico y otros países vecinos expresaron su preocupación compartida.

Por su parte, los países del G7 parecerían estar de acuerdo con el plan, dado que acogieron con satisfacción "el progreso constante de los trabajos de desmantelamiento" de la central y los "esfuerzos transparentes" de Japón basados en pruebas científicas, según su comunicado publicado en mayo. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), organismo de control nuclear de la ONU, también declaró que el enfoque y las actividades de Japón eran "coherentes" con las normas de seguridad mundiales pertinentes.

A pesar de las críticas dentro y fuera del país, Japón dejó de lado la preocupación por el peligroso impacto medioambiental y los derechos humanos y comenzó a verter el agua al mar. Este acto deliberado de contaminar el océano Pacífico, basado en una evaluación científica limitada y poco rigurosa ha sido considerado inaceptable por amplios sectores nacionales e internacionales y suscitado numerosas denuncias.

En la vecina República de Corea, una gran concentración de más de 50.000 ciudadanos protestó contra la decisión de Tokio e instó a su gobierno a intervenir para evitar el desastre inminente que supondría el vertido de 1,3 millones de toneladas métricas de agua contaminada, suficiente para llenar 500 piscinas olímpicas.

Los partidos de la oposición del país se solidarizaron con las organizaciones de la sociedad civil y arremetieron contra Tokio por el polémico vertido calificándolo de "terrorismo medioambiental". Organizaciones de madres de niños pequeños también criticaron a Tokio por "trasladar la responsabilidad a las generaciones futuras". "Japón ha elegido en última instancia el camino de un criminal de guerra medioambiental", declaró el líder del Partido Democrático, Lee Jae-myung, en una reunión partidaria.

Han Duck-soo, el primer ministro surcoreano, en una declaración pública lanzada en agosto, también había pedido al gobierno japonés que "divulgara la información de forma transparente y responsable". En ese momento, una encuesta pública realizada en la República de Corea reveló que siete de cada diez surcoreanos se oponían a la liberación del agua radiactiva ilustrando el creciente malestar en la región.

Uno de los principales problemas es la extracción de 880 toneladas de restos de combustible fundido, contenidos en tres de los reactores. El Instituto Internacional de Investigación sobre el Desmantelamiento Nuclear calcula que el reactor Nº 1 ha acumulado 279 toneladas de esos restos. Un estudio realizado en marzo confirmó que el combustible nuclear fundido había atravesado una vasija de presión y dañado severamente un pedestal de hormigón. La revelación avivó la preocupación de que la estructura podría colapsar de producirse un terremoto.

El vertido de aguas contaminadas ha ignorado deliberadamente las pruebas científicas y constituye una violación a los derechos humanos de las personas y comunidades de Japón y de toda la región de Asia y el Pacífico que tienen el derecho a vivir en un medio ambiente limpio, sano y sostenible.

Una gran parte de los japoneses se opone al plan de su gobierno y se muestra reacia a aceptar las garantías de TEPCO, una empresa que se ha caracterizado por la falta de transparencia. En 2018, TEPCO confirmó que el agua contaminada contenía compuestos radiactivos después de afirmar que esos compuestos habían sido filtrados. Esto muestra que la irresponsabilidad y la opacidad de Japón constituyen una amenaza para el medio ambiente y el pueblo japonés, lo que se está reflejando en los procedimientos legales abiertos contra Kishida y Kobayakawa.