El 24 de marzo, la Casa Blanca anunció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden para sancionar a los países que importen petróleo de Venezuela, imponiendo un arancel del 25 % sobre la compra de petróleo y gas natural venezolano a partir del 2 de abril. 

Trump justificó la medida en sus redes sociales, argumentando que Venezuela mantiene una postura hostil hacia Estados Unidos. En respuesta, el canciller venezolano, Yván Gil, calificó la medida como ilegal y arbitraria, señalando que viola las normas del comercio internacional. La decisión podría afectar aún más las exportaciones energéticas de Venezuela, ya debilitadas por sanciones previas, y generar tensiones diplomáticas con los países afectados. Analistas advierten que esta nueva restricción no solo complicará la crisis económica venezolana, sino que también podría desencadenar represalias comerciales y un aumento en la inestabilidad en la región.