El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que aplicará un arancel del 50 % a las importaciones de cobre, medida que entrará en vigor el próximo 1 de agosto, alegando preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional. La controvertida medida provocó un alza en los precios del metal rojo y generó incertidumbre en los mercados globales, reavivando los temores sobre la resiliencia de las cadenas de suministro de este recurso clave para la industria.

Sin embargo, los mercados reaccionaron de inmediato tras el anuncio del martes, 8 de julio, los futuros del cobre en la bolsa neoyorquina COMEX se dispararon un 13 %, y la volatilidad continuó durante la jornada del jueves, 10 de julio, en los parqués asiáticos, donde el precio del metal alcanzó los 5,61 dólares la libra, lo que refleja la creciente preocupación de los inversionistas ante las repercusiones de la nueva política comercial.

Esta decisión responde a la preocupación de larga data de Trump por la alta dependencia de Estados Unidos respecto al cobre extranjero, un recurso que, al igual que el acero, lo considera estratégico. No obstante, analistas advierten que, si bien la medida busca estimular la producción interna y proteger sectores claves, difícilmente logrará aumentar la oferta local en el corto plazo y, por el contrario, podría intensificar la presión sobre los precios.

Ante este panorama, Ole Hansen, jefe del departamento de estrategia de materias primas de Saxo Bank, señaló que el impuesto al metal rojo encarecería significativamente la manufactura, los proyectos de infraestructura y el desarrollo de energías limpias en Estados Unidos, impactando su competitividad.

Uno de los países más afectados por esta decisión sería Chile, principal proveedor extranjero de cobre a Estados Unidos. Perú, otro importante productor regional, también se vería perjudicado, lo que podría repercutir negativamente las perspectivas de desarrollo del sector minero en ambas naciones.

La minería representa una fuente clave de empleo y generación de ingresos fiscales en Chile y Perú, recursos que se destinan directamente a programas sociales y obras públicas. Cabe destacar que ambos países tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, lo que añade una incertidumbre aún mayor al impacto de esta medida unilateral en sus relaciones económicas.