En una muestra contundente de defensa de su soberanía, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil emitió el 15 de julio un comunicado en el cual declaró que el país "lamenta y rechaza" lo que considera una "injerencia inapropiada e inaceptable" por parte del Gobierno de Estados Unidos. Brasil subraya que sus decisiones judiciales son responsabilidad exclusiva de sus instituciones, y advierte que no negociará nunca sobre su independencia jurisprudencial, ni permitirá que su soberanía "sea moneda de cambio en ninguna mesa de negociación".

Esta respuesta se produce en el contexto de la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles de hasta el 50 % sobre productos brasileños a partir del 1 de agosto, vinculándolos explícitamente al juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, a quien calificó como víctima de una "caza de brujas" y describió como "altamente respetado" durante su mandato.

Las autoridades brasileñas respondieron recordando que en abril aprobaron una "Ley de Reciprocidad Económica" que permite reacciones proporcionalmente simétricas frente a medidas unilaterales que afecten su competitividad internacional. El 14 de julio Lula firmó el decreto que regula dicha ley, creando criterios claros para activar sanciones equivalentes—como tarifas, suspensión de concesiones comerciales, inversión extranjera o derechos de propiedad intelectual—en respuesta a acciones hostiles. "Si nos cobran 50 %, les cobraremos 50 %", señaló el mandatario brasileño, subrayando además que su país no aceptará "ser tutelado por nadie" y que el juicio contra Bolsonaro es un asunto exclusivo de la justicia brasileña que debe mantenerse al margen de cualquier interferencia externa.

El rostro de la diplomacia brasileña: firme, democrática, disponible al diálogo.

Brasil no cierra las puertas al diálogo: mantiene consultas con EE. UU. desde marzo sobre aranceles y otros temas económicos, con la voluntad de avanzar en negociaciones "en beneficio de las economías, sectores productivos y pueblos de ambos países". Pero advierte explícitamente que no aceptará convertir la soberanía en moneda de cambio.

El gobierno brasileño ha señalado que respetará todos los compromisos internacionales, incluida la OMC, pero que defenderá con determinación su posición ante amenazas unilaterales. También ha presionado para que EE. UU. responda a una propuesta comercial presentada en mayo, y mantiene interlocuciones activas con el sector privado y empresarios para preparar la respuesta nacional.

Frente a las amenazas de EE. UU., Brasil ha desplegado una estrategia diplomática basada en su legislación interna, contundencia política y apertura al diálogo multilateral. La respuesta brasileña combina firmeza en defensa de sus instituciones democráticas y soberanía, con métodos institucionales que podrían convertirse en un precedente en la región ante presiones similares.

La decisión de activar la "Ley de Reciprocidad", el rechazo a ser tutelado y la disposición a negociar sin renunciar a principios básicos, configuran una narrativa clara: Brasil defiende su autonomía, exige respeto y recuerda que sus decisiones judiciales y soberanas no son negociables.