Brasil ha recuperado su condición de "potencia ambiental" y vuelve a ocupar un lugar de liderazgo en la diplomacia climática mundial tras recomponer su política ambiental interna, afirmó el 2 de julio la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Abastecimiento y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados.

Al presentar los principales resultados de la gestión iniciada en 2023, Silva subrayó que, pese a las adversidades climáticas y económicas, el país registra avances "ya reconocidos en los foros multilaterales".

Entre enero de 2023 y junio de 2025, la deforestación se redujo un 46 % en la Amazonía y un 32 % en todo el territorio nacional, mientras que el producto del agronegocio creció un 15 % y el ingreso per cápita integrado de los brasileños aumentó alrededor de un 11 %, precisó.

La ministra atribuyó esos números a una combinación de prevención, rápida movilización institucional y alianzas con Gobiernos estatales y municipales, organizaciones sociales y el sector empresarial. "Quien destruye es una minoría: apenas un 2,6 % de los inmuebles rurales concentran el 60 % de las irregularidades. La mayoría del agro brasileño cumple la ley", puntualizó, en alusión a las multas aplicadas por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama).

Silva recordó el operativo de junio pasado en la Reserva Extractivista Chico Mendes, en el estado de Acre, donde agentes federales retiraron 400 cabezas de ganado criadas ilegalmente, 20 de las cuales fueron decomisadas, y reiteró que esos infractores no representan el agronegocio nacional.

Añadió que la reducción de la deforestación no fue aún mayor debido a los incendios de 2024, impulsados por "un extremo climático global" que combinó sequía prolongada, altas temperaturas y baja humedad.

Para enfrentar ese escenario inédito, el Gobierno destinó casi 1.500 millones de reales (unos 265 millones de dólares) a la lucha contra los incendios, amplió la dotación operativa a 3.500 brigadistas y consiguió reducir la superficie afectada en comparación con 2022. "Montamos una verdadera fuerza para evitar el descontrol total", enfatizó.

Silva destacó también los incentivos creados para promover prácticas sostenibles. El Plan Cosecha 2025-2026, lanzado la semana pasada, introdujo un descuento de hasta un punto porcentual en la tasa de interés para quienes adopten bioinsumos, cumplan la reserva legal y mantengan su regularización ambiental. "Es una señal clara de que la agricultura de bajo carbono no es solo un imperativo ético, sino una oportunidad económica", afirmó.